Muchas activistas medioambientales se enfrentan a denuncias, acoso, hostigamiento y amenazas de muerte, pero pese a ello siguen luchando. En Muy Interesante hemos hablado con una de estas mujeres valientes sobre su lucha y sus motivos para no rendirse.

En marzo del año 2016, la noticia del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres dio la vuelta al mundo y ocupó muchos titulares de prensa. La muerte de la líder ecologista puso de manifiesto la violencia a la que se enfrentan muchas personas que defienden sus territorios por todo el planeta.

A pesar de la enorme repercusión mediática del caso de Berta Cáceres, tres años después las cosas no han cambiado mucho e, incluso, han ido a peor. Según la organización Front Line Defendersen el año 2017 más de trescientos defensores  de los derechos humanos fueron asesinados por su trabajo pacífico en todo el mundo. El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) tenía registrados a comienzos de 2019 un total de 2.688 casos de conflictos en el mundo relacionados los territorios, casi todos con empresas que, sin embargo, no están sujetas a ningún tratado vinculante a nivel internacional que les obligue a cumplir los derechos humanos y ambientales.

Los activistas se enfrentan a diversos ataques como la intimidación, amenazas, hostigamiento psicológico y campañas de desprestigio, y países como Honduras, México, Guatemala y El Salvador son algunos de los más peligrosos para defender el medio ambiente.

El proyecto DesTieRRRadas, elaborado por la organización Alianza por la Solidaridad, muestra las vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres que defienden el medio ambiente en El Salvador y Guatemala. Para ello han dado voz a dieciocho mujeres que afrontan distintos conflictos socioambientales en estos países, y cuya actividad en defensa del territorio ha cambiado sus vidas y las ha puesto, muchas veces, en situaciones límite.

Hemos hablado con una de estas mujeres, Sonia Sánchez, que lidera el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás en El Salvador y forma parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Lucha desde hace años en defensa de los bienes naturales frente a la empresa Grupo Roble, constructora de una urbanización de viviendas de lujo que ha talado en su municipio más de 30.000 árboles y ha ocasionado numerosos impactos medioambientales en la zona.

El movimiento liderado por Sonia Sánchez en contra de esta urbanización logró hacerse oír entre sus vecinos, ante lo cual la empresa comenzó a hacer regalos a la comunidad y a amenazar a sus líderes.  Por esta lucha ha tenido dos demandas por coacción y por difamación y calumnias por parte de la empresa. Aunque finalmente fue absuelta, el coste material y emocional ha sido altísimo: Sonia se ha enfrentado a la intimidación y ha sufrido diversas amenazas de muerte.

Cuénteme cómo empezó su lucha contra este proyecto urbanístico

La comunidad que iba a resultar afectada por la construcción de la urbanización contactó con el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás para que les acompañáramos en su lucha contra el proyecto. En un primer momento hubo muchas resistencias por parte de otras organizaciones y de la comunidad pero, al final, la empresa logró dividirnos a base de hacer regalos y promesas que hasta ahora no ha cumplido. Al final nos quedamos dos asociaciones de mujeres al frente de la denuncia.

La empresa compró terreno en un área que, según dictaba la ordenanza municipal, era zona de recarga hídrica. Esto significa que solo podía emplearse para cultivo o para declararse zona de reserva forestal. Pero en el 2007 se cambió la ordenanza y se tipificó como zona urbanizable. De esta forma la municipalidad, que estaba en ese momento representaba por un partido que aglutinaba a todos los poderes económicos del país, le dio luz verde a la empresa. Por otro lado, con el cambio de gobierno central en 2009 se entregaron una serie de permisos ambientales a diferentes empresas para desarrollar sus proyectos de construcción. En este en concreto había una cláusula para ejecutarlo antes de un año, y en caso de no hacerse habría que renovar los trámites. Sin embargo las obras no se iniciaron hasta el 2015, pero no se renovó el permiso, esa fue nuestra denuncia.

¿Cuáles han sido las consecuencias ambientales del proyecto? ¿Y las sociales, qué repercusión ha tenido en la vida de la gente?

El proyecto urbanístico consiste en 416 viviendas valoradas en unos 80.000 dólares y pensadas para familias de clase media alta. La población de Santo Tomás, que vive de los cultivos, del trabajo en la industria textil y del comercio informal, no puede acceder a ellas.

A partir de la ocupación de las nuevas casas estamos sufriendo cortes de agua: las comunidades más pobres solo tienen acceso dos días a la semana pero, sin embargo, las personas de esta urbanización tienen agua día y noche.

El río está  contaminado como consecuencia de los vertidos de la planta de tratamiento de las aguas residuales de la urbanización y los cultivos de la gente que vive río abajo han sido afectados por este motivo. Además, se han secado varios pozos artesanales.

Puedes leer la entrevista completa en la web de Muy Interesante